5 de noviembre de 2020
Ante la posibilidad de que el castellano deje de ser la lengua vehicular de la enseñanza en toda España, queremos recalcar enfáticamente la importancia de respetar los derechos de una educación en igualdad de oportunidades, con apertura al bi y trilingüismo, y libre de normativas que apunten a la discriminación contra la lengua común. Imponer que el castellano no sea vehicular en la educación en territorios como Cataluña y otras autonomías afecta directamente las libertades de los ciudadanos y perjudica la tarea de quienes apostamos por la convivencia y la inclusión.
La enmienda sobre el castellano, adelantada por varios medios de comunicación, introduciría un cambio sustancial en el proyecto de ley orgánica de modificación la LOE (LOMCE). Dicho proyecto es muy claro en lo que respecta al papel de nuestra lengua común en todo el territorio nacional: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable””.
Cabe recordar que España atraviesa una de las crisis sanitarias, económicas y sociales más profundas de su historia reciente a causa de la pandemia. Merecemos afrontarla con políticas de unidad nacional y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos que garantiza la Constitución.